Paraguay avanza en la construcción de un programa de prevención y atención a sobrevivientes de trata de personas.
ASUNCIÓN, Paraguay – La Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate a la Trata de Personas en Paraguay aprobó recientemente la estructura orgánica de un programa destinado a gestionar acciones interinstitucionales de prevención de la trata de personas y de atención a personas sobrevivientes como parte de la implementación de la Política de Prevención y Combate a la Trata de Personas, y en cumplimiento del compromiso asumido con la promulgación de la Ley Integral contra la Trata de Personas, Ley 4788 de 2012.
La propuesta para la formulación de la estructura orgánica del denominado Programa de Prevención y Atención a Víctimas de Trata de Personas (PNTP) es el resultado de tres años de análisis y construcción participativa liderado por la Unidad Especializada en el Combate la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público de la República del Paraguay, como parte del Programa de Cooperación Bilateral de España y
Paraguay de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), implementado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Con esta nueva instancia de articulación interinstitucional, Paraguay dará cumplimiento al compromiso asumido en el año 2004 cuando ratificó el Protocolo Facultativo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y, conocido como Protocolo de Palermo, para implementar todas las medidas que estén a su alcance para prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, niñas y niños, a la par de proteger y ayudar a la víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos de forma integral y sin ninguna forma de discriminación.
Si bien se cuenta con un programa que funciona interinamente en el Ministerio de la Mujer, la Ley Integral contra la Trata de Personas ordena la creación de una instancia independiente que articule la atención integral de todas las personas afectadas por la trata sin distinción de sexo, condición, raza, etnia u otra distinción de personalidad. Esta estructura independiente de un mandato organizacional específico permitirá dar cumplimiento a este requerimiento, al tiempo de generar un espacio de gestión de conocimiento que permita la retroalimentación al Plan Nacional de Desarrollo, la Política de Trata de Personas, la Política de Seguridad Ciudadana y la Política Migratoria, o las sectoriales de Mujer, Niñez y Adolescencia, y de Pueblos Indígenas, entre otras.
Se espera que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo decrete su creación y la asignación presupuestaria para su funcionamiento.
La AECID mantiene proyectos y acciones de cooperación contra la trata de personas en Paraguay desde el año 2008. El UNFPA en Paraguay, implementa acciones específicas para el combate a la violencia y las prácticas nocivas desde 1972. Desde el año 2013, más del 75% de las víctimas de trata de personas con distintos fines en Paraguay son mujeres, niñas y niños.
La evaluación de 2021 del apoyo del UNFPA a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y niñas (2012-2020) identificó las direcciones estratégicas necesarias para poner fin a la violencia de género y a las prácticas nocivas. El UNFPA es consciente de que para realizar inversiones en las siguientes medidas fundamentales: el fortalecimiento de los marcos normativos, jurídicos y de rendición de cuentas relacionados con la violencia de género y las prácticas nocivas; la corrección de prácticas que refuerzan estereotipos, relaciones de poder y normas sociales y de género nocivas o discriminatorias; la ampliación del acceso a servicios esenciales de alta calidad que estén centrados en las personas supervivientes y transformen las relaciones de género; la ampliación de la respuesta humanitaria y la prestación de servicios que salvan vidas, incluidos los de apoyo psicosocial y la salud mental; la mejora de la autonomía de adolescentes y jóvenes; y el aumento de la disponibilidad y el uso de datos relacionados con la violencia de género y las prácticas nocivas.
