Esta mañana se reunieron en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID representantes de 6 instituciones del Estado para coordinar acciones en torno a garantizar el derecho de acceso a la identidad y a la identificación de las personas con discapacidad (PcD).
Esta espacio se dio en el marco del Proyecto Acortando Distancias (Bridging the Gap project II) con financiación de la Unión Europea, la ejecución de la AECID en Paraguay en coordinación con la SENADIS y las Organizaciones de personas con discapacidad.
Tiene por objetivo el desarrollo de políticas y servicios inclusivos para personas con discapacidad. Estuvieron representantes de la Policía Nacional, Ministerio Niñez y Adolescencia, MSPyBS, Migraciones, Registro Civil, SENADIS, Ministerio de la Mujer, y AECID coordinando el encuentro.
Entre los participantes se identificaron 5 problemas principales que afectan el derecho a la identidad, que van encadenados y, finalmente, derivan en la imposibilidad de una identificación posterior de las PcD.
• Si una niña o niño nace con discapacidad severa a veces no se gestiona su certificado de nacido vivo.
• En ocasiones tampoco se gestiona su partida de nacimiento.
• Como no tienen partida de nacimiento, no pueden tener cédula de identidad.
• Por lo tanto, tampoco pasaporte.
• Tampoco pueden acceder al carnet de discapacidad.
Se determinó que en la medida en que se activen protocolos que resuelvan esos inconvenientes, será posible llevar adelante acciones para que las PcD tengan un certificado provisto por Senadis.
“El certificado permitirá que, de una manera transparente, las PcD puedan acceder a los beneficios vinculados a la garantía de derechos, por ejemplo: de estacionamiento, de compra y adaptación de vehículos, excepción eventual de impuestos y los beneficios que se puedan ir generando en el proceso de promover derechos y servicios inclusivos”, explicó Andrés Vázquez coordinador del proyecto desde la AECID.
Este proyecto se enmarca en el ODS 16: Justicia e Instituciones sólidas y busca cumplir la Meta 16.3: Promover el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia.
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